El gobierno argentino anunció la creación de un programa de ciudadanía por inversión, una figura hasta ahora ausente entre los países del G20. En París, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que la recepción de solicitudes debería abrirse en el cuarto trimestre de 2026 mediante un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un bono del programa por US$800.000. Por ahora se trata de un anuncio oficial, no de una ventanilla operativa. Aún no se han publicado el canal de tramitación, el cuadro de tasas ni las condiciones del bono, y el decreto de necesidad y urgencia que creó esta vía se encuentra bajo revisión de la Corte Suprema.
- El Ministerio de Economía ya difundió en París los montos oficiales, pero todavía no existe ventanilla ni sistema para presentar solicitudes.
- La reforma impositiva de marzo de 2026 exime a los naturalizados por inversión de quedar sujetos automáticamente al impuesto sobre la renta mundial.
- La Cámara Nacional Electoral ya declaró inconstitucional el decreto que creó esta vía, y el expediente espera sentencia de la Corte Suprema.
Los folletos comerciales se han adelantado al comunicado del Ministerio de Economía. Este análisis contrasta los montos anunciados, la excepción tributaria, el litigio judicial y las afirmaciones que circulan en redes sociales. Es periodismo de verificación, no una guía de solicitud. Para entender cómo suele encajar un segundo pasaporte dentro de una planificación internacional más amplia, puede consultarse nuestra nota previa para comprender la teoría de la bandera.
Qué anunció el Ministerio de Economía en París
El 2 de octubre de 2026, durante la Argentina Week en París, Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentaron el Programa de Ciudadanía por Inversión. El texto oficial establece dos modalidades para el solicitante principal: un aporte directo no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional, o la suscripción de un título público de US$800.000 emitido específicamente para el programa. Para un grupo familiar tipo compuesto por el titular, su cónyuge y dos hijos menores de 18 años, el costo en la modalidad de aporte se fijó en US$500.000.
El mismo comunicado indica que la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI) coordinará la evaluación de los expedientes junto con la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior. Superada esa etapa, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) aprueba o rechaza la solicitud. Los fondos deben canalizarse a través del sistema financiero formal bajo normas contra el lavado de activos alineadas con el GAFI. El desembolso del monto anunciado no otorga por sí solo la ciudadanía.
Aporte al Tesoro o bono soberano: las dos modalidades
El aporte constituye un costo hundido: una vez transferido al Tesoro, el solicitante no recupera el capital. El bono se presenta como un activo soberano que permanece a nombre del inversor. Sin embargo, el comunicado de París no especifica el plazo de vencimiento, el cupón de interés, la transferibilidad ni las reglas de rescate del título. Diversas crónicas periodísticas han mencionado una tenencia a siete años sin devengar intereses. Mientras el instrumento no se publique en el Boletín Oficial, esas condiciones siguen sin confirmación normativa.
Si finalmente se confirma una inmovilización prolongada sin cupón, el costo económico dista de ser cero. El capital inmovilizado durante varios años en deuda soberana argentina asume riesgos de incumplimiento, reestructuración y costo de oportunidad. La Argentina registra un extenso historial de reestructuraciones de deuda soberana. El aporte directo cierra la exposición de mercado el día en que se emite la carta de ciudadanía; el bono la mantiene abierta hasta el vencimiento. Esta distinción responde a los datos publicados y a la matemática básica de renta fija, sin implicar recomendación por ninguna de las dos opciones.
Según el anuncio, los adicionales por familiares se abonan como aportes no reembolsables incluso cuando el titular opta por el bono. El cónyuge o cada hijo soltero de entre 18 y 25 años sin descendencia propia figura con un arancel de US$100.000 por persona. Cada hijo menor de 18 años suma US$25.000. El ejemplo oficial de US$500.000 para una familia de cuatro integrantes coincide exactamente con US$350.000 del titular más US$100.000 del cónyuge y dos adicionales de US$25.000.
| Grupo familiar (según anuncio) | Vía de aporte directo | Vía de bono (con adicionales familiares como aportes) |
|---|---|---|
| Solicitante individual | US$350.000 | Bono de US$800.000 |
| Matrimonio | US$450.000 | Bono de US$800.000 + US$100.000 |
| Matrimonio + un hijo menor de 18 años | US$475.000 | Bono de US$800.000 + US$125.000 |
| Matrimonio + dos hijos menores de 18 años | US$500.000 | Bono de US$800.000 + US$150.000 |
Qué familiares pueden incluirse en el mismo expediente
El comunicado oficial emplea el término jurídico cónyuge. La legislación civil argentina reconoce el matrimonio igualitario en los mismos términos que cualquier otro matrimonio desde la sanción de la Ley 26.618 en 2010. Bajo esa lectura legal, un matrimonio de personas del mismo sexo presentaría un único expediente familiar en lugar de dos solicitudes principales por separado. No obstante, los formularios reglamentarios aún no han salido a la luz. Hasta que la APCI publique los requisitos formales, este punto debe leerse como una deducción jurídica y no como una regla administrativa ya instrumentada.
Los hijos mayores de edad de entre 18 y 25 años son admisibles si permanecen solteros y no tienen hijos propios. El texto difundido en París no exige acreditar estudios a tiempo completo ni dependencia económica para ese tramo de edad. Aun así, los listados documentales, las apostillas, los certificados de antecedentes penales y las carpetas de origen lícito de los fondos definirán la admisibilidad real de cada caso. El anuncio no prohíbe patrimonios originados en criptoactivos, pero el dinero debe ingresar como moneda fiduciaria a través de bancos regulados con trazabilidad documental completa.

El resguardo fiscal surge de la Ley 27.802, no de una promesa comercial
La Argentina grava a sus residentes fiscales por su renta mundial y aplica además el impuesto sobre los Bienes Personales. Aunque el hecho generador habitual es la residencia y no la nacionalidad, las reglas ordinarias del impuesto a las ganancias consideran residentes de pleno derecho a los ciudadanos argentinos. La Ley 27.802, publicada el 6 de marzo de 2026, incorporó párrafos al artículo 116 de la Ley de Impuesto a las Ganancias para desactivar ese vínculo automático en el caso de extranjeros naturalizados por una «inversión relevante» bajo la Ley de Ciudadanía 346.
El resumen tributario de PwC Argentina recoge el mismo criterio: las personas físicas extranjeras naturalizadas por inversión relevante no adquieren residencia fiscal por el solo hecho de esa naturalización, quedando sujetas a las pautas ordinarias aplicables a los extranjeros. Esta salvedad no ampara a quien ya poseía residencia permanente al momento de naturalizarse, ni a quien luego supere los plazos de permanencia física en el país o traslade allí su centro de intereses vitales. Nuestro análisis previo sobre la regla de los 183 días para la residencia fiscal ofrece el marco aplicable: los días de presencia, la vivienda permanente y el núcleo económico siguen mandando.
La clave fiscal CUIT funciona como identificador para operaciones locales, no como certificado de residencia impositiva. Las rentas de fuente argentina (un departamento en Buenos Aires, campos agrícolas o participaciones en sociedades locales) siguen tributando en cabeza de un no residente. Quien decida mudarse a la Argentina a tiempo completo quedará alcanzado por el régimen general de alta presión tributaria para residentes. La reforma legal opera como un escudo exclusivo para el pasaporte sin mudanza, no como una exención fiscal para vivir en el país.

El decreto ya está judicializado
El andamiaje normativo parte del DNU 366/2025, firmado a fines de mayo de 2025. Ese decreto reformó la Ley de Ciudadanía 346 para permitir que el extranjero que realice una «inversión relevante» se naturalice sin los dos años históricos de residencia previa, y transfirió el otorgamiento desde la justicia federal hacia la DNM. Posteriormente, el Decreto 524/2025 del 31 de julio de 2025 creó la APCI en la órbita del Ministerio de Economía. Son normas publicadas en el Boletín Oficial, pero también constituyen el eje de una disputa constitucional abierta.
El 30 de junio de 2026, la Cámara Nacional Electoral declaró la nulidad e inconstitucionalidad del DNU 366/2025 en el expediente de naturalización de Yang Liping. El tribunal sostuvo que la ciudadanía está directamente vinculada con los derechos políticos, que los decretos de necesidad y urgencia están vedados en materia electoral y que no se acreditó la imposibilidad de seguir el trámite legislativo ordinario. El Poder Ejecutivo interpuso un recurso extraordinario federal. Según informó Infobae el 7 de octubre de 2026, la Corte Suprema revisará la validez del decreto. Una presentación oficial en París no suspende ese expediente judicial.
En ambas cámaras del Congreso existen proyectos de la oposición para derogar el programa o, en las redacciones más severas, revisar las cartas ya otorgadas. Una eventual derogación legislativa del programa vigente representa un riesgo político concreto. En cambio, la anulación masiva de cartas de ciudadanía ya emitidas chocaría con la doctrina constitucional argentina sobre derechos adquiridos e irretroactividad de la ley, aunque ese resguardo implica litigar en tribunales y no equivale a una póliza automática. Mientras la Corte Suprema no falle y el portal oficial no exista, girar fondos sin una condición clara de depósito en garantía sujeta a la aprobación previa de la DNM constituye el principal riesgo práctico.
Alcance del pasaporte y el rumor sobre ESTA
El índice Henley Passport Index (clasificación de abril de 2026) ubica a la Argentina en el puesto 15 con acceso a 168 destinos, empatada con Brasil. Esa cifra agrupa exenciones de visado, visados a la llegada y autorizaciones electrónicas de viaje, sin garantizar que cada convenio permanezca inalterado en el tiempo. En el uso corriente, el pasaporte argentino permite ingresar sin visa al espacio Schengen (habitualmente 90 días cada 180), al Reino Unido, Irlanda, Japón y gran parte de América Latina. Asimismo, el acuerdo bilateral de 2009 con Rusia sigue permitiendo a los titulares de pasaportes ordinarios argentinos estadías turísticas sin visado de hasta 90 días dentro de cada período de 180 días.
Estados Unidos es el vacío que muchos materiales promocionales intentan cubrir con proyecciones futuras. La Argentina no integra el Programa de Exención de Visado (VWP). La Embajada de EE. UU. en Buenos Aires continúa exigiendo visado consular a los ciudadanos argentinos, no autorización ESTA. El país formó parte del VWP entre 1996 y 2002, pero perdió ese estatus tras la crisis de 2001-2002. El reingreso exigiría cumplir diversos parámetros legales estadounidenses, incluida una tasa de rechazo de visas de categoría B inferior al 3 por ciento. Se trata de un objetivo diplomático de largo aliento, no de una prestación incluida en el programa de 2026.
Los pasaportes por inversión del Caribe enfrentan una vulnerabilidad política distinta: poblaciones reducidas y el mecanismo europeo de suspensión de visados. Vanuatu ya perdió el acceso sin visa a Schengen, y varios programas del Caribe Oriental han sufrido restricciones en el Reino Unido o la Unión Europea. El peso demográfico y económico de la Argentina (unos 46 millones de habitantes, membresía en el G20 y relevancia exportadora) hace menos probable una cancelación masiva de exenciones de visado por unos pocos miles de expedientes verificados. Con todo, menor probabilidad no significa inmunidad diplomática: la política migratoria internacional puede variar por motivos ajenos a este programa.
La residencia Mercosur no exige cinco años de espera
Un comentario frecuente en foros sostiene que un argentino naturalizado debe esperar cinco años antes de tramitar la residencia Mercosur en Brasil, Uruguay o Chile. Esa afirmación confunde dos normas distintas. La Ley de Migraciones argentina 25.871, en su artículo 23 inciso l, restringe el criterio de nacionalidad Mercosur para ingresar a la Argentina: el extranjero que invoca otra nacionalidad del bloque debe ser nativo de ese país o contar allí con al menos cinco años de naturalización. La cláusula fue diseñada para evitar que terceros obtuvieran una naturalización rápida en un país vecino y la usaran de inmediato para radicarse en la Argentina.
Quien ya obtuvo la ciudadanía argentina no utiliza esa categoría migratoria para vivir en el país, pues ya es ciudadano nacional. El Acuerdo de Residencia del Mercosur de 2002 y las normativas internas de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Perú y Ecuador no replican ese filtro argentino de cinco años para los argentinos naturalizados que solicitan residencia en sus territorios. Ante esas autoridades, el pasaporte acredita nacionalidad argentina. Sin embargo, la tramitación ante la Polícia Federal brasileña o el Servicio Nacional de Migraciones de Chile sigue exigiendo certificados de antecedentes penales y apostillas en regla. La residencia legal requiere expediente administrativo, no un simple sello aeroportuario.
Paraguay es el país vecino que concentra por sí mismo un alto volumen de solicitudes de radicación. Un expediente bajo el acuerdo Mercosur y una radicación ordinaria en Paraguay son trámites distintos. Para evaluar esa jurisdicción conviene revisar nuestro análisis sobre los 4 mitos sobre la residencia en Paraguay contrastados con la normativa, que incluye los cambios de solvencia introducidos en 2026.
¿Puede un argentino naturalizado renunciar a la ciudadanía?
En los consulados suele informarse que la nacionalidad argentina es irrenunciable. Eso es exacto como regla administrativa de ventanilla: ni el RENAPER, ni la DNM ni las representaciones consulares disponen de un formulario para dar de baja una carta de ciudadanía. La doctrina clásica de la irrenunciabilidad se construyó para proteger a los argentinos nativos, impidiendo que gobiernos de facto o potencias extranjeras forzaran la pérdida de la nacionalidad adquirida por nacimiento en el territorio (ius soli).
La naturalización, en cambio, es un acto voluntario de un adulto. El artículo 20 de la Constitución Nacional establece que los extranjeros no están obligados a admitir la ciudadanía. Desde la reforma de 1994, la Convención Americana sobre Derechos Humanos goza de jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22), y su artículo 20.3 ampara el derecho a cambiar de nacionalidad. Sobre esa base, diversos constitucionalistas y litigantes federales sostienen que un ciudadano naturalizado que posea otra nacionalidad -y no busque eludir causas penales ni deudas fiscales en el país- puede solicitar ante un juez federal la cancelación de su Carta de Ciudadanía. Pero se trata de un proceso judicial, no de un trámite administrativo. No existe una vía de salida rápida ni probada para los expedientes por inversión, por lo que ningún solicitante debería asumir que cuenta con un mecanismo de baja simple.
Esa misma rigidez judicial opera en sentido inverso. Un futuro gobierno que pretendiera revocar por decreto las ciudadanías otorgadas por inversión también tendría que atravesar el filtro de los tribunales federales. Ello representa una garantía estructural frente a cambios bruscos del Ejecutivo, aunque no blinda al titular contra futuras reformas impositivas o cambios en acuerdos de visado.
Comparativa frente a Vanuatu, el Caribe y Turquía
El desembolso inicial es solo una variable del cuadro. Los programas de donación detallados en nuestra explicación de la ciudadanía por inversión de Vanuatu siguen siendo la alternativa familiar más rápida y económica del mercado, con un sistema fiscal interno de tributación cero, pero sin acceso libre a Schengen. Las opciones del Caribe Oriental, como el programa de ciudadanía por inversión de San Cristóbal y Nieves, se ubican en un rango de aporte inferior al argentino, aunque con menor alcance de viaje y mayor exposición a presiones regulatorias de la UE. Las vías inmobiliarias o de depósito bancario en Turquía tampoco abren las puertas de Schengen ni del Reino Unido. La propuesta anunciada por la Argentina apunta a un pasaporte del G20 con derecho de radicación en el Mercosur y una exención fiscal legal para quienes no trasladen su residencia al país.
| Argentina (anunciado) | Vanuatu | Caribe Oriental | Turquía | |
|---|---|---|---|---|
| Costo base individual | Aporte de US$350.000 o bono de US$800.000 | Donación desde aprox. US$130.000 | Donación de aprox. US$200.000-250.000 | Inmueble de US$400.000 o depósito de US$500.000 |
| Cónyuge del mismo sexo en un expediente | Lectura civil: sí; formularios no publicados | No | No | No |
| Requisito de residencia física previa | Anunciada como nula; litigio judicial en curso | Ninguna | De nula a pocos días según la isla | Viajes breves posibles para datos biométricos |
| Movilidad (rango Henley) | 168 destinos (abr. 2026) | Unos 95-100 | Unos 145-155; presión de la UE | Unos 115; sin Schengen ni Reino Unido |
| Impuesto interno sin residir en el país | Excepción Ley 27.802; subsiste renta de fuente argentina | Sin impuesto a la renta, ganancias de capital, patrimonio ni herencia | Generalmente nulo sin residencia | Generalmente nulo sin residencia |
La naturalización ordinaria por dos años de residencia es una vía completamente distinta. El propio DNU 366/2025 endureció ese camino exigiendo presencia física continua sin ausencias relevantes. Dado que el mismo decreto está cuestionado ante la justicia, el cómputo exacto del plazo de residencia ordinaria comparte la misma incertidumbre procesal. Lo que no ofrece dudas es el efecto tributario de residir dos años ininterrumpidos en la Argentina: el impuesto a las ganancias sobre la renta mundial y el impuesto sobre los Bienes Personales se activan mucho antes de que un juez o la DNM entreguen la carta de ciudadanía. Por su parte, el nacimiento de un hijo en suelo argentino convierte al menor en ciudadano nativo, pero no otorga a los padres un pasaporte en el acto.

Qué falta publicar en la normativa oficial
- El portal oficial de ingreso de trámites, el reglamento para agentes autorizados y el cuadro de tasas gubernamentales.
- El vencimiento, cupón, período de inmovilización del bono y su tratamiento ante una eventual reestructuración.
- La definición sobre si el registro biométrico exige viajar al menos una vez a la Argentina.
- Un plazo reglamentario para la etapa de evaluación en la APCI (los 30 días hábiles posteriores de la DNM ya figuran en el Decreto 524/2025).
- El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la validez constitucional del DNU 366/2025.
- Los criterios del RENAPER para inscribir a hijos nacidos en el exterior después de la naturalización del progenitor.
La legislación argentina admite plenamente la doble nacionalidad. En Europa, la reforma alemana de 2024 permite con carácter general conservar la ciudadanía previa al naturalizarse en otro país, criterio que Suiza ya aplicaba. Austria sigue siendo la excepción restrictiva dentro del bloque germanoparlante: adquirir voluntariamente una nacionalidad extranjera suele acarrear la pérdida del pasaporte austríaco, salvo que se obtenga previamente un permiso especial de conservación de difícil concesión. La Argentina abolió el servicio militar obligatorio en 1994. El pasaporte emitido no llevará ninguna leyenda sobre «inversión» en la hoja de datos biométricos, aunque los padrones internos siguen distinguiendo entre argentinos nativos y naturalizados, igual que ocurre con cualquier extranjero que adquiere la ciudadanía.
El esquema presentado reúne características poco frecuentes: el pasaporte de una economía del G20, un umbral anunciado de US$350.000 mediante aporte directo, una cláusula legal de separación fiscal y un expediente constitucional abierto en el máximo tribunal. Hasta que la Corte Suprema dicte sentencia y la APCI habilite la ventanilla formal, el estado real del programa se resume en la propia frase oficial: recepción de solicitudes en el cuarto trimestre de 2026, sujeta a textos reglamentarios que aún no han salido en el Boletín Oficial.
Fuentes oficiales
- Ministerio de Economía: anuncio de Luis Caputo, 2 de octubre de 2026
- Boletín Oficial: Ley 27.802 del 6 de marzo de 2026 (art. 194, cláusula fiscal)
- Infobae: la Corte Suprema analizará el DNU 366/2025
- PwC: impuestos individuales en Argentina y nota sobre residencia en ciudadanía por inversión
- Clasificación del Henley Passport Index
- Embajada de EE. UU. en Argentina: Programa de Exención de Visado (VWP)
- Embajada Argentina en Rusia: requisitos de ingreso sin visado








